Democraticemos las empresas públicas
Democratizar las empresas públicas es clave para avanzar hacia una economía más justa y participativa.
Navarra puede ser un ejemplo incorporando la voz de las personas trabajadoras en la toma de decisiones de sus sociedades públicas.
Por Miguel Garrido Sola, parlamentario foral de contigo Navarra – Zurekin Nafarroa
La democracia, en el sentido literal del término, significa “el poder del pueblo” o “el gobierno del pueblo”. En la práctica, los sistemas que llamamos democráticos han consistido en la socialización del poder legislativo y la gestión de los recursos públicos mediante elecciones por sufragio universal, sistemas de decisión basados en acuerdos de mayorías, y un estado de derecho que garantice la igualdad ante la ley de [casi] toda la ciudadanía. Sin embargo, y dejando a un lado las infinitas aristas que tiene lo antes descrito, hay un lugar muy específico en el que la democracia de la que tanto presumimos, ni ha llegado, ni de momento se le espera: Los centros de trabajo.
La mayoría de los centros de trabajo en nuestra Comunidad siguen regidos por una estructura vertical, unidireccional y rígida, en el que las decisiones se toman de arriba abajo, y no hay garantía de participación de la plantilla más allá de la buena voluntad de determinadas direcciones o de la capacidad sindical para ejercer presión colectiva. Una visión que aún confía en que la manera más eficiente de tomar decisiones y de ejercer la dirección es una distribución clara del poder: Unos están para mandar, y otros u otras, para obedecer.
Sin embargo, ni es cierto que sea la manera más eficiente para la organización productiva ni es verdad que no haya alternativas que lo estén demostrando. La economía social, que ya representa más de un 10% de nuestro PIB ya está creciendo muy por encima de la economía convencional y demostrando que la presencia de los trabajadores o trabajadoras, lejos de ser un obstáculo, puede llegar a ser una ventaja competitiva.
No es solo una cuestión de valores democráticos. La participación garantiza el aprovechamiento de la inteligencia colectiva y la recopilación y canalización de toda la información disponible, que de otra manera muchas veces no llega desde las personas que ejecutan las actividades de la empresa hasta las que toman las decisiones y viceversa. Además, y tan importante o más que lo anterior, mejora el clima laboral y la identificación con las decisiones y las metas propuestas, facilitando la cohesión interna y la consecución de los objetivos comunes. Y, por supuesto, redunda en una mejora de la calidad del entorno laboral y la satisfacción general de las personas trabajadoras.
Consciente de todo ello, el Gobierno de Navarra empezó a impulsar en 2017 Planes Integrales de Economía Social con el objetivo de sistematizar su reconocimiento y apoyo al desarrollo de esta manera alternativa de entender las relaciones laborales en particular, y la economía en general. Pero es el momento de dar un paso más, y convertir a todo el sector público institucional de Navarra en un ejemplo a seguir.
Por todo ello, el jueves pasado desde Contigo Zurekin presentamos en el Parlamento de Navarra una moción para reformar la Ley de Patrimonio de Navarra con el objetivo de para garantizar la presencia de representantes de la plantilla en los consejos de administración y dirección de las empresas públicas navarras, para extenderlo después al conjunto del sector público institucional de nuestra Comunidad. Moción que demostró tener una mayoría parlamentaria que allana el camino para que la propuesta se transforme en una realidad.
La democratización de los centros de trabajo debe ser un objetivo de progreso para toda la sociedad, y el primer paso es empezar por lo público y dar ejemplo. La mayoría política ya está construida, es el momento de legislar y hacer de Navarra un referente en el camino hacia una economía más justa, participativa y eficiente que ponga a las personas trabajadoras en el centro de las decisiones.